La resolución «fast track» del TAE: Suspende clausura del verificentro
Contextos ✍ Por Gerardo Sandoval
Se nos vinieron encima los días de guardar y de pronto, por aquello de las muestras de rechazo a la verificación vehicular, en tanto se palpa una tensa calma en la ciudad, se difunde el veredicto del Tribunal de Justicia Administrativa que en sesión extraordinaria ordena el retiro de los “simbólicos” sellos de clausura colocados por personal del gobierno municipal la tarde del viernes.
Al cabo de la segunda clausura, la del sábado por la tarde, ha habido comunicación de funcionarios y líderes opositores al Programa de Verificación Responsable que impulsa el gobierno del estado y un primer acuerdo es anteponer por el periodo vacacional los intereses del destino al deseo de cerrar del Centro de Verificación. Ya después se definirá si es a través de la protesta sociales como se combate la verificación o si el municipio liderea la defensa de los protestantes.
Lo que hubo viernes, sábado y domingo, ya es de sobra conocido. A mediados de marzo, se difundió concentrarse a las nueve de la mañana del viernes 31 frente al verificentro. Los organizadores habían acordado repetir la protesta ya por la tarde del mismo día. La movilización no incluyó en ningún momento bloquear el taller ni vialidades. Daba la impresión que ni los líderes confiaban en la respuesta al llamado.
Esa mañana del viernes, no asistieron miles, tal vez unos cuantos cientos de ruidosos vallartenses, enterados muchos que en un hospital donde convalecía el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, dizque afectado por el estrés laboral. Al verse cara a cara esos cientos de asistentes, envalentonados, todos al unísono aceptaron el grito de la muchedumbre y se lanzaron los carriles de salida norte a la ciudad. Luego saltaron las jardineras y bloquearon los carriles de ingreso. El caos se apoderó del norte de la ciudad y tanto como turistas y locales quedaron en la manifestación.
Consecuencia del bloqueo, al cabo de seis o siete horas, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez finalmente se ocupó del problema.
Intentó conciliar enviando a su coordinador de gabinete Augusto Alcaraz Valencia pero los manifestantes no le dejaron otra opción y dado el ultimátum, “sino viene en una hora, bloqueados la salida a Mismaloya”, Michel acudió a la cita. Ahí ordenó la primera de dos clausuras.
El mismo viernes se plantearon dudas respecto a los alcances legales de la temeraria orden ejecutada por inspectores de reglamentos a orden de Michel. Los CVR (Centros de Verificación Responsable) son empresas que funcionan bajo la modalidad de inversión pública privada. En consecuencia, ofrecen un servicio público y basta exhibir licencia municipal de funcionamiento operación municipal para operar. Bajo ese razonamiento, no se le puede coartar el derecho de operar.
En pleno periodo vacacional, aunado a ser un fin de semana, es excepcional que una sala del Tribunal de Justicia Administrativa, sesione para resolver un recurso en su materia.
Fuerzas supremas debieron influir y el primer interesado apunta al inquilino de Casa Jalisco.
En horas resolvieron la controversia administrativa, originada por dos clausuras, la del viernes, y la “simbólica” del sábado. La clave es simple, el taller ofrece un servicio público, y la razón es que el gobierno del estado tiene “acciones” en la empresa.
El sábado, poco antes de las nueve de la mañana, con la orden del hospitalizado gobernador, su representante Susana Rodríguez Mejía acudió bien escoltada por policías estatales. Por extraño que parezca, ni la funcionaria estatal ni empleados del taller dieron una explicación sensata de quién retiró los sellos. Saben que esa es una acción ilegal y hubo acusación formal. Lo aparatoso de la desclausura, la presencia de algunas decenas de policías estatales hace suponer de Alfaro en mantener abierta la verificación.
Para el lunes, el taller abrió sus puertas con normalidad. Los protestantes se declararon en alerta. Fue cuando se dieron contactos de funcionarios con los líderes de la Unión de Vecinos. Ya el martes, a eso de las dos de la tarde apenas había en los rodillos una camioneta blanca.
El viernes del caótico bloqueo establecimos sin titubeos que la revuelta social era genuina y libre de contaminación política. Sin embargo, era público que la diputada local de Morena, Yussara Canales tomó posición y hasta promovió una iniciativa para retirar la obligatoriedad para Puerto Vallarta y eximir el costo. La regidora Carla Esparza Quintero también se opuso al Programa de Verificación Responsable y fue la única funcionaria por elección pública vista frente al taller entre viernes y sábado.
Fue un comunicado de prensa del gobierno del estado el que politizó la protesta ciudadana y fue posterior al bloqueo del viernes. Conocido el boletín de prensa, no había duda, el gobernador Alfaro consideró que politizar el descontento social era su mejor estrategia para anular la protesta y desarmar a sus líderes.
Dice el documento: “Debe quedar claro que el Ejecutivo Estatal no va a ceder ante este tipo de chantajes, por lo que el Programa de Verificación Responsable se mantiene y continúa de acuerdo al calendario mes-placa de manera obligatoria. Esta clausura, al igual que las manifestaciones que se han estado realizando en todo el Estado son un montaje de carácter político que tiene nombre y apellido, quién está detrás de todos estos grupos y motivando a los dueños de talleres que perdieron su acreditación y gestores corruptos que otorgaban calcomanías a los coches sin pasar la verificación, es Morena”.
Se subraya en otro párrafo: “Este grupo de inconformes forma parte de los mismos dueños de talleres que eran parte de la corrupción y quieren que regrese ese esquema, por lo que se han dado a la tarea de distorsionar el verdadero objetivo de este Programa, que es mejorar la calidad del aire que todas y todos respiramos para garantizar el derecho humano de un medio ambiente sano y han trabajado en hacer creer a la ciudadanía información errónea sobre la operación del mismo”.
Alfaro acusa a lo que parece definir como una “mafia” de propietarios de talleres equipados para dicho servicio pero se guarda las identidades. Sin embargo, por extrañas razones, si existen esos monstruos prefiere ocultar sus identidades. Si ha detectado ese actuar, seguramente los ha denunciado ante una autoridad judicial. Si tiene Alfaro pruebas, evidencias, de chantajes, de que son ellos los reales responsables de acciones delictivas, como lo es bloquear una vía pública, es de suponer que les abrió carpetas judiciales.
En los bloqueos del viernes no vimos enmascarados. Nadie ocultó sus rostros. A ninguno de los miembros de la organización vecinal, ni siquiera al barzonista Fidencio Hernández Lomelí, se le ve llamando a la movilización por instrucciones dictados por los fantasmales empresarios aludidos por Alfaro.
Después de la regidora de Morena, Carla Esparza, no supimos de alguna figura de la 4T patasalada inmiscuida en la protesta social. Michel ordenó una, dos clausuras, pero al principio intentó eludir intervenir. Asistió al sitio en respuesta al ultimátum, ya sin alternativa y probablemente, en medio de la turba, midió riesgos y se hizo del lado de sus gobernados.
Que Alfaro diga que para su gobierno es una prioridad garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, suena más hueco que su negra alma. Cuál cuidado al medio ambiente si a unos metros del verificentro decenas de maquinaria pesada remueve tierra y destruye un bosque en la construcción de la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad. Todos los días, destartalados volteos transportan toneladas de material y cientos de metros cúbicos de tierra removida. Son esas poderosas y desafinadas y máquinas las que expiden los más letales contaminantes al medio ambiente. Al otro lado del gran bosque del aeropuerto y de la 41 Zona Militar, otros cientos de contaminante maquinarias se mueve a orillas del río Ameca.
El gobernador preocupado por el medio ambiente sano, bien puede ordenar el transporte público, restringir su tráfico en el centro de la ciudad, someterlos a estrictos controles de afinación. Pero Alfaro ahí no le entra. Él ve el brillo del dinero en los miles y miles de destartalados automotores, todos de modelo tan atrasado, sin ninguna posibilidad de aprobar el exigente proceso verificador pero que con solo al pasar por los rodillos de pruebas, habrán de redituar mucho, mucho dinero al negocio.
Revolcadero
¿Bien, y ahora qué sigue? En mientras, los manifestantes acordaron replegarse y se discutirá nuevas acciones después del periodo vacacional. Es una decisión de buena voluntad para no afectar la imagen de Puerto Vallarta ahora que en las Semana Santa y Semana de Pascua recibimos cientos de miles de visitantes. Sabemos que al menos dos altos funcionarios del gobierno del “profe de los dieces” llamaron a quienes identifican como líderes de la protesta social para plantearles: “Si nos apoyan ustedes, nosotros agotamos recursos para clausurar el verificentro”. En esas charlas, también se habló de plantear en el más nivel alto el conflicto, al Palacio Nacional. Se incluye solicitar apoyo a la Guardia Nacional, a la Marina y a la Sedena. “Nosotros ya cumplimos. Ahora le toca al gobierno municipal hacer lo suyo”, nos dijo en un audio el barzonista Fidencio Hernández. Será Michel y su equipo quien finque responsabilidades legales por el retiro de sellos de clausura y también combatir señalamientos en contra por las clausuras. Aquí, recursos legales van y vienen de un lado a otro.******Hay otro párrafo del comunicado de prensa emitido por el gobierno del estado que nos llama la atención. “Durante más de 20 años, el Programa de Verificación Vehícular Obligatorio (PVVO) que operaba en Jalisco fue utilizado para distintos actos de corrupción que iban desde el tráfico de hologramas con talleres que no contaban con la acreditación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para llevar a cabo esta prueba, hasta la compra de los resultados favorables; es decir, se entregaba el holograma a personas automovilistas y propietarias que ni siquiera aplicaban la prueba en sus vehículos”. Es ahí donde Alfaro ve “actos de corrupción” y, sin dar nombres ni pruebas, los acusa como los orquestadores del descontento contra su Programa de Verificación Responsable, aquí en Puerto Vallarta y en todo el estado. Alfaro parece vivir en perpetuo estado de negación, de cómo los gabachos dicen ver a Don Santo Amlo, que niega todo y todo. Bueno, Alfaro hasta en eso parece pretender emular a López Obrador.****** Hoy, avisamos que nos ausentamos en estos días de guardar. Iremos a conocer el Malpaso, ese atajo tan socorrido los domingos para de la ESIP-UAN, ahora Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera ponerse en minutos en Aticama. Malpaso era conocido entre los estudiantes como “el paso de la muerte”. La otra ruta, no menos sinuosa pero pavimentada, era la carretera 200, que permitía echar una mirada a La Palma, acompañar al “fumarolas”, el ingeniero. Los sábados, la fiesta estaba en San Blas. Los domingos, el peregrinar era Aticama. Qué tiempos señor Don Simón.
